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En la actualidad, las intervenciones de las instituciones de Gobierno, como autoridades del Estado, están presentes en prácticamente todas nuestras actividades económicas, políticas y sociales. La educación, la seguridad pública, sector salud, seguridad social, derechos humanos, por mencionar solo algunas, son claros ejemplos donde la actividad del Estado es determinante para garantizar el bienestar y los derechos de los ciudadanos.
¿Pero qué ocurre cuando es la misma actividad irregular de las autoridades del Estado la que ocasiona una afectación en tu salud, tu patrimonio y el bienestar de tu familia?
Aunque aún no suele ser un término legal muy conocido, la Responsabilidad Patrimonial del Estado, es una figura novedosa en el Derecho Mexicano, que legitima a toda persona que haya sufrido daños en sus bienes o derechos, para exigir a la instancia de Gobierno responsable, la reparación integral de los daños. Desde la actuación negligente de los funcionarios y servidores públicos, hasta los abusos y actuaciones autoritarias que causan un daño a tu persona, pueden agotarse instancias administrativas y judiciales para la impartición de justicia que anteriormente, resultaba imposible exigir, por la misma desventaja que un particular tenía en su calidad de gobernado ante el Estado.
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